11-05-2021.
En el marco de la XIV reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático y la XIII reunión de la Comisión Interparlamentaria de Cohesión social y lucha contra la pobreza, se presentará el Informe técnico legislativo sobre tipificación armonizada de delitos medioambientales, el miércoles 12 de mayo del corriente año.
Esta reunión pretende acordar estrategias para la promoción de procesos de tipificación de los delitos medioambientales y promover el diálogo interparlamentario entre Poderes legislativos integrantes de FOPREL, sus organizaciones observadoras, Europa-Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO), fiscalías, policías y organizaciones de la sociedad civil.
En este informe, se proporcionan recomendaciones para propiciar la persecución penal común en los países miembros del FOPREL y así garantizar un enfoque armonizado en la región. También, abordar las materias de persecución penal a los delitos de: flora y fauna protegida, maltrato animal, incendios forestales, minería ilegal, tráfico de residuos, usos de energías nucleares o elementos radiactivos, concesiones arbitrarias, delitos urbanísticos y de ordenación del territorio y delitos contra el patrimonio histórico y cultural.
Además, quedará puntualizado las extensiones en cuanto a medidas penales o procesales a adoptar por los países miembros de FOPREL, en las que destacan la reparación anticipada de los daños, reparación general y la restauración forzosa del medio, caracterizada por el restablecimiento del equilibrio ecológico perturbado luego de cometer el delito.
Este informe, se limita a realizar una modificación integral sobre la normativa penal ambiental, reducir la amplitud del marco de penas de prisión, establecer penas privativas de derechos, formar y desarrollar en capacidades a fiscales, jueces y policías y tomar en cuenta la exigencia de proporcionalidad y de prevención general y especial.
En este encuentro se darán a conocer los límites legales para el aprovechamiento de los recursos medioambientales por parte de la ciudadanía, el estado, instituciones judiciales y empresas, desde un punto de vista regulatorio.
